Reporte.- un cálculo descabellado desliza los miembros de los poderes del estado, luego del actuar execrable de las fuerzas armadas contra los protestantes por el derrocamiento político contra el presidente pedro castillo con consecuente muerte de más de 70 muertos, cientos de denunciados, desaparecidos y demás abusos cometidos por las fuerzas armadas referidas por amnistía internacional y los derechos humanos según necropsias, en donde el congreso de la república no replica el actuar de las fuerzas armadas y sentencia los excesos de las decisiones políticas más el fracaso de la fiscalía en la acusación de terrorismo contra todos los denunciados, esta vez tipifica el actuar en las protestas como delito contra la tranquilidad publica, la paz pública, disturbios y lesiones.

lo extraño de este actuar es que luego que la tv nacional y los medios corporativos que coparon las redes virtuales luego de las emisiones de asaltos, robos, sicariatos, secuestros, robos y otros los cuales causan una psicosis en la colectividad, ahora el gabinete Otárola pide facultades al congreso sobre la seguridad publica en donde obviamente será el control de las futuras protestas y opiniones en los medios de comunicación digital o virtual. actitud totalmente maliciosa contra el pueblo y el otro plan es el planteamiento de salir de la corte de los derechos humanos para limpiar de toda culpa a todos los comprometidos en los asesinatos del pueblo por el solo hecho de protestar, parece todo estar encaminados en donde voceros, políticos especialistas, junto al diario operativo del servicio de inteligencia y demás felpudines actúan contra el pueblo.

Según reportes e informes de los canales internacionales, existe un desprecio racial contra las comunidades indígenas en el Perú, el actual régimen de gobierno promueve estos abusos mediante la criminalización de las protestas, cada día los indígenas tienen menos derechos en la sociedad de hoy.

El fiscal Harold Rudy Supo Pilco, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ordenó a la Policía notificar a más de 25 dirigentes de la región Puno. Quienes deben rendir declaraciones por haber participado en las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca. A los líderes sociales se les investiga por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, la paz pública, disturbios y lesiones ocurridas entre el 7 y 9 de enero por inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. La asonada costó la vida de 18 civiles y un policía.

Los citados deben comparecer en las instalaciones de Seguridad del Estado en compañía de sus abogados. Sin embargo, la mayoría de los investigados no habrían sido notificado para la diligencia. La Fiscalía ha incorporado en este caso al presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Ántero Pimentel Esquivias; Claudio García Choqueluque, expresidente del frente de defensa de Chilla; Félix Suasaca, dirigente de la cuenca Coata, Pedro Jallurana Jiménez, representante del gremio de transportistas; entre otros.

Antero Pimentel considera que, al haber fracasado las investigaciones injuriosas por terrorismo, esta es una nueva arremetida contra la dirigencia. Según ellos, buscan intimidarlos para que ya no levanten su voz en futuras protestas. Según Claudio García, este es un claro caso de persecución política. Según el abogado, César Quispe Calsín, con este tipo de acusaciones se está sobrepasando los límites constitucionales, que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la protesta amparados en la jurisprudencia peruana e internacional y que representarían una persecución ilegal.

“Ni siquiera debería iniciar una investigación”, dijo el letrado, para quien las Fiscalía estaría incurriendo en abusos. Quispe dijo que los investigados podrían revertir el proceso y denunciar al Ministerio Público por el daño emocional que se les está causando. El abogado cuestionó que no se actúe con la misma diligencia por las muertes ocurridas durante las protestas. Muestra de ellos sería que recién en marzo se tuvo acceso a las capetas fiscales, y que las investigaciones no avanzan desde que se llevaron los expedientes a Lima.

LA DIGNIDAD YRESPETO DE LA RAZA AIMARAY QUECHUA SE CONSOLIDA CON EL PARO DEL 12 DE OCTUBRE

Organizaciones de las 13 provincias de Puno realizan una asamblea en Ilave para evaluar las estrategias de lucha. También debatirán sobre la persecución política a dirigentes que participaron en protestas. La dirigencia puneña evalúa nuevas medidas de protesta en contra del Gobierno de Dina Boluarte. en la provincia de Ilave se debatirán las nuevas estrategias para insistir con el adelanto de las elecciones y la salida del actual Gobierno y el Congreso. La reunión convocada por el comité regional colegiado de lucha tiene como puntos centrales en su agenda debatir sobre la situación política regional, nacional e internacional, analizar una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente y las propuestas para la plataforma social y estrategias de lucha.

El presidente del comité colegiado de lucha de la provincia de San Román, Ernesto Flores, dijo que en la asamblea se ratificará el paro convocado para el 12 de octubre. También evaluarán los planteamientos de otras paralizaciones que se realizarían el 7 y 9 de diciembre. A estas dos propuestas del Comité Nacional Unificado de Lucha (CNUL) se adherirán los acuerdos a los que lleguen en esta asamblea regional. Flores señaló que buscarán otras formas de llegar a la ciudadanía para un cambio estructural del sistema político, como a través de foros, congresos, conversatorios, etc.

Además, el dirigente manifestó que también declararán como persona no grata a Antauro Humala. Acusan al dirigente etnocacerista de haberse expresado de manera despectiva sobre las marchas que desarrollaron en Lima. Asimismo, pondrán énfasis en debatir sobre la denuncia que el Ministerio Público inició a 25 dirigentes promotores de la protesta de enero. Los investigan por la presunta comisión del delito de disturbios. “No debemos permitir que se sigan criminalizando las protestas”, refirió Flores, quien fue uno de los 192 detenidos durante la violenta incursión policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Felizmente se archivó el proceso”, añadió.

Rechazo popular

Por otro lado, el prefecto regional de Puno, Gilmar Sardón Litardo, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la presidenta Dina Boluarte tiene la mayor predisposición de llegar a la región Puno, y que esa intención se concretaría en cualquier momento. Este anuncio ha generado reacciones adversas. El expresidente del frente de defensa de Chilla Claudio García Choqueluque, por ejemplo, ha indicado que la llegada de la mandataria representaría un acto de provocación, teniendo en cuenta que bajo su gestión murieron 18 civiles y un policía durante las protestas en Juliaca del pasado 9 de enero. El dirigente considera que lo correcto es que la mandataria responda por lo muertos. Advirtió que el Gobierno de Boluarte pretendería utilizar políticamente los proyectos encaminados para la región Puno.

Visita inoportuna

Para el exprefecto regional Wilber Apaza Díaz, la llegada de Boluarte a Puno no sería nada propicia por el nivel de conflictividad que aún prima en la región. Sostuvo que la mandataria debería analizar cómo fue recibida en otras regiones. Algo similar ocurriría en Puno. La exautoridad considera que podría generarse una fricción entre manifestantes que expresen su rechazo a Boluarte y las fuerzas seguridad que la acompañen. “Un acercamiento con la población va a ser difícil. Debe buscar otro enfoque en aras de restablecer la democracia”, expresó.

Otros conflictos, otra agenda

Wilber Apaza considera que no se deben perder de vista los otros conflictos que siguen latentes como la contaminación de las cuencas Lallimayo, Ramis, entre otros. Señala que la Presidencia del Conejo de Ministros debería esforzarse en entablar el diálogo. Agrega que la llegada de los ministros a Puno es irrelevante, puesto que debe primar el criterio técnico para la ejecución de proyectos. La república.