ESPECTACULOS   |   Lunes, 27 de Junio 2022   |     61 veces

EL EJECUTIVO PROMUEVE NORMA QUE ATENTA LA LABOR PERIODISTICA

Reporte.- El 24 de junio de 2022, el primer ministro Aníbal Torres anunció que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para penalizar con hasta cuatro años de prisión a quienes difundan información fiscal sobre casos penales. La norma, aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros, se decidió, según dijo Torres, para evitar divulgación de información reservada.

Reporte.- Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva, anunció Torres.

Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad, agregó el primer ministro.

Este proyecto de ley fue anunciado el pasado 13 de junio por el ministro de justicia Félix Chero, quien declaró que lo que se busca con la medida es proteger la presunción de inocencia de investigados.

En febrero pasado, el IPYS emitió un comunicado rechazando el proyecto de ley que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso planteando la posibilidad de que los periodistas puedan ser condenados con prisión por informar sobre testimonios de colaboradores eficaces ante el Ministerio Público.

El IPYS señaló que la información publicada de este tipo en su mayoría proviene de fuentes confidenciales y tienen interés público, lo que protege su difusión con el derecho a la libertad de información.

“El IPYS entiende la importancia de mantener la reserva de los procesos investigativos en la justicia, pero el eventual castigo de la violación de esta reserva debe dirigirse a quienes están obligados a protegerla y no al mensajero periodístico”, dijo en su comunicado, destacando.

El instituto también destaca que ninguna investigación fiscal ha establecido responsabilidades por la violación de la reserva de procesos de colaboración eficaz a pesar de los constantes cuestionamientos contra esta figura.

“La reserva de las investigaciones no debería ser total sino caso por caso, y no se debería castigar las filtraciones, ni siquiera las interesadas o parciales, sino aquellas que generen un daño demostrable a los objetivos del proceso o la seguridad de los investigados”, expresó el IPYS.

IPYS sostiene que en esta oportunidad la intención del gobierno afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, lo que es a todas luces inconstitucional, y correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen.

El IPYS espera el texto del proyecto para pronunciarse con mayor precisión.

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